LA VÍCTIMA

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Nuñez de Arco, J.  "La Victima" 2004, Capitulo III Editorial Proyecto Sucre Ciudad Universitaria. Sucre Bolivia. Pag. 33 a 51

La persona que ha sufrido y ha sido víctima de un delito, enfrenta un trauma de dolor y sufrimiento, pues generalmente el delito siempre implica violencia y maltrato, que puede provocar daños colaterales en aspectos físicos, psicológicos y comportamiento psicosocial que afecta a su entorno debido al quebrantamiento de las reglas y normas establecidas por las leyes. Además del sufrimiento y la violencia, la víctima luego de ese momento, tendrá que convivir – en algunos casos de modo muy cruel – con los daños colaterales de ese anónimo “quiebre de reglas”.

También las familias, o grupos sociales que sufren o son víctimas de un delito, generalmente enfrentan traumas que se expresan particularmente, en la pérdida de confianza en el sistema de administración de justicia y ven cómo sus reglas de convivencia social son alteradas y trastocadas, viviendo con una constante sensación de inseguridad y riesgo que afecta al normal desarrollo de las relaciones sociales y crecimiento psicosocial de sus habitantes, que ven cómo se pierden las reglas de ética, valores morales y reglas jurídicas. Existe inseguridad ciudadana y se violan los derechos de la propiedad privada, de las garantías individuales sociales y de la convivencia pacífica.

1.ANTECEDENTES

Generalmente sólo hablamos de los delitos y de quienes lo cometen y de cómo pueden o deberían ser sancionados; pero poco o nada hemos avanzado en entender a cabalidad quién es la víctima, qué consecuencias o traumas sufre. Cómo debíamos apoyarla, atenderla, o cómo debíamos reponer el daño sufrido, cómo debíamos tratarla en los organismos de administración de justicia (Policía, PTJ, Ministerio Público, Poder Judicial y otros).

La víctima nada puede decir en relación a su propio conflicto, ni siquiera en el modo que prefiere ser atendida, ser reparada en relación con su daño. El sistema de justicia y los operadores están muy preocupados y ocupados en la vigencia plena del estado de derecho y el de ejercer la justicia a favor de la sociedad; pero nadie pregunta nada respecto al dolor y trauma de la víctima, nadie se preocupa de ella; y, en muchos casos, para los operadores de justicia como la Policía, PTJ y Fiscalía, les resulta un “verdadero estorbo”, pues su pobreza de recursos presupuestarios es de tal magnitud, que ni por asomo pueden contar con recursos humanos especializados en atención a la víctima y mucho menos contar con unidades, logística y ambientes adecuados para atenderlos; es así que no saben cómo enfrentar situaciones de crisis psicológica y física de las víctimas, y mucho menos poder brindar albergue, alimentación, cuidado, etc., a menores familiares y/o víctimas menores, adolescentes, indigentes, etc.

Esta situación es patéticamente grave en nuestro país, cuando se advierte que gran parte de quienes cometen delitos – sobre todo los denominados “comunes” – son en su mayoría ciudadanos pobres; y, donde la mayoría de las víctimas, son también de estratos sociales de escasos recursos. Esta situación pone en serios aprietos a los operadores de justicia que reciben en primera instancia denuncias de delitos y deben realizar verdaderos “malabarismos” para atender las necesidades “colaterales” de las víctimas.

Cuando una víctima acude a los órganos de justicia – Policía, PTJ, Fiscalía , a efectos de sentar denuncia pese al dolor y daño sufrido, con una valiosa actitud de colaboración al esclarecimiento del delito y coadyuvar con las investigaciones; generalmente no recibe un trato y atención adecuada, no recibe una asistencia inmediata, no es informada debidamente sobre el proceso y pasos a seguir, no recibe un trato respetuoso y mucho menos equitativo, no cuenta con información efectiva sobre sus derechos y es maltratada por el sistema legal, produciéndose lo que la ciencia de la Victimología denomina “SEGUNDA VICTIMIZACIÓN”; experiencia que en muchos casos resulta incluso más perjudicial y traumatizante que el propio hecho delictivo, y termina provocando actitudes personales y colectivas de desconfianza y rechazo al sistema de justicia y sus operadores.

Es preciso tener en cuenta que gran parte de los delitos que se cometen (como el maltrato infantil, violencia familiar, abuso sexual, aborto, asesinatos y tantos otros), llevan en el fondo el estigma de un problema que requiere una atención compleja, integral y de mayor compromiso con la sociedad; que meramente perseguir y sancionar a los delincuentes. La víctima debe y merece volver a ser la protagonista principal de las políticas y preocupaciones fundamentales del Ministerio Público y ser incluida dentro de las planificaciones, de una verdadera Política Criminal a nivel estatal.

Decíamos en el Capítulo anterior, que tras la célebre frase de Werfel pronunciada ya en 1920: “No el asesino, sino su víctima es culpable”, se produce el cambio sustancial de la búsqueda de la etiología del delito, de marcadores de la criminalidad en la figura individualizada del delincuente, a la búsqueda de una explicación; en la interacción con la víctima de una explicación de la criminogénesis.

Y por otra parte, tras el progresivo interés de la psiquiatría, por los acontecimientos vitales catastróficos, la teoría sobre el estrés y el afrontamiento, el aislamiento del Síndrome de estrés postraumático por la Asociación Psiquiátrica Americana (en adelante APA), se amplía el campo de estudio victimológico dentro de la criminología hacia lo que en realidad debe ser su objetivo prioritario: la prevención del crimen, la disminución y tratamiento de sus víctimas.

2. CONCEPTO DE LA VÍCTIMA

Se considera víctima, según el Art. 76. de la Ley No. 1970 Código de Procedimiento Penal, promulgado el 25 de marzo de 1999:

  • A las personas directamente ofendidas por el delito;
  • Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido;
  • A las personas jurídicas en los delitos que les afecten; y,
  • A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses.

Son múltiples las tipologías victimoindividuales desarrolladas hasta la fecha:

GarcíaPablos (1988) establece la siguiente clasificación:

  1. Víctima enteramente inocente o víctima ideal. Es aquella que no ha hecha nada para provocar la acción criminal o delictiva que sufre. Es, por tanto, absolutamente ajena a la actividad del delincuente que la sufre. Es, por tanto, absolutamente ajena a la actividad del delincuente;
  2. La víctima por ignorancia. Es aquella que da impulso, aunque no deliberado al delito. Por su propia irreflexión, provoca su propia victimización, facilitando la actuación del delincuente;
  3. La víctima provocadora. Es la que incita o mueve con su conducta, al hecho delictivo. El factor provocación, como su propio nombre indica en esta tipología de las víctimas, es determinante o decisivo;
  4. La víctima voluntaria. Es la que evidencia palpablemente su colaboración con un hecho delictivo. Es el caso típico de la eutanasia;

5. La víctima agresora. Esta tipología ofrece dos variantes perfectamente nítidas: De un lado, la simuladora, que es la que acusa falsamente, y otra, la imaginaria, que es aquella que inventa su propia condición de víctima, cuando no se ha producido la infracción o el hecho delictivo.

3. TIPOS VICTIMALES

  1. Agresiva: La víctima inicia la agresión con lo que determina en el que resultara homicida igual tipo de conducta en respuesta proporcional o no. Es la variante más activa de víctima en cuanto a provocar la agresión.
  2. Provocadora: (Más culpable que el infractor) La víctima consciente de las consecuencias inmediatas que traerá su acción, provoca, reta, invita o insta al que resultara homicida para que ejecute la agresión.
  3. Imprudencial: La víctima es consciente de que adopta conductas o posturas que atraerán de inmediato la agresión, pero calcula que ésta no se producirá o cree que de producirse, la evitará, con éxito controlará la situación por dominio o no será realmente grave.
  4. Propiciatoria: (Víctima por Ignorancia o de Culpabilidad menor). La víctima tiene conductas o comunicaciones que favorecen que se produzcan de inmediato la agresión pero no es consciente de que está produciendo tal efecto.
  5. Inocente: La víctima no tiene conductas inmediatas que favorezcan la agresión.

Neuman (1984) propone la siguiente clasificación:

  1. Las víctimas individuales, distinguiendo entre las mismas a aquellas que carecen de actitud victimal, frente a las que adoptan una actitud victimal dolorosa o culposa;
  2. Las víctimas familiares, contando entre éstas a los niños y a las mujeres maltratadas, así como distintos delitos cometidos en el seno de la familia.
  3. Las víctimas colectivas mencionando, entre ellas, a la comunidad como nación, por la que hace a determinados delitos como la rebelión y la sedición;
  4. La comunidad social, en relación con el genocidio, delitos de cuello blanco y terrorismo de Estado, y determinados grupos sociales lesionados en sus derechos y a través del sistema penal, todo ello en relación con la tortura, excesos en materias de prisiones preventivas, existencias de leyes criminógenas, etc.
  5. Víctimas sociales, que son aquellas colectividades a las que el propio sistema social convierte en víctimas o en delincuentes. En este grupo entran los minusválidos, los ancianos, los marginados socialmente, las minorías étnicas, raciales y religiosas, etc.

Estas clasificaciones, magnifican la relación dinámica entre víctima y victimario en la génesis del delito, pero olvidan aspectos fundamentales del fenómeno victimológico. Landrove (1990) va más lejos y diferencia en virtud de los criterios legislativos internacionales entre víctima “ indemizable” y “no indemnizable”.

En general, los diversos autores vienen a diferenciar seis grupos de víctimas por delito:

  1. Víctima “ideal”, “indiscriminada” (Nuvolone), “fungible” o “no participante” (Fattah), “pasiva” (Ponti), “sin actitud victimal” (Neuman) o “concientous victima” (Joutsen)
  2. Víctima “provocadora” (Nuvolone, Shafer, Fattah, Neuman), “provoking” y “ perpetrating victim” (Joutsen), “más culpable” o “sólo culpable” (Mendelsohn).
  3. Víctima “voluntaria” (Mendelsohn, Nuvolone), “ autovíctima” (Shafer), “ consenting victim” (Joutsen), “ rogante” o “solicitante” (Neuman).
  4. Víctima “participante” (Fattah), “cooperadora” o “coadyuvante” (Neuman, Fattah), “instigating victim” (Joutsen).
  5. Víctima “imprudente” (Nuvolone, Mendelson), “precipitada” (Shafer), “provocadora pasiva” (Fattah), “facilit” e “inviting victim” (Joutsen).
  6. Víctima “simuladora” (Mendelsohn), “falsa” (Fattah) o “ simultaing victim” (Joutsen).

En muchas ocasiones, la víctima colabora activa o pasivamente, consciente o inconscientemente, dolosa o culposamente en su propia victimización. Por ello hay que superar los esquemas tradicionales entre autor del delito (activo y malo) y al víctima (pasiva y buena)(Peris, 1988).

Algunas, están inmersas en una relación continua de tipo sadomasoquista. Estos comportamientos desarrollan una agresividad creciente y cuando un cierto límite de intensidad es sobrepasado, resulta una agresión seria o incluso la muerte de un miembro del grupo. El azar determina quién resultará víctima y cuál será el criminal. (Marco del Pont, 1986).

Desde nuestra perspectiva pericial, esta sistematización debe quedar ampliada, distinguiendio la víctima “directa” e “indirecta”, la víctima “primaria” y “ secundaria” , la victimización “simple” (vs) “complicada” y la víctima “con daño psíquico” (en su caso físico o sociofinanciero) y “con psiquismo incólume”.

Haremos un especial énfasis en los factores de riesgo (víctima “predispuesta”, “potencial” o “latente”) y en los de vulnerabilidad tanto psicológicos como situacionales (víctima “vulnerable”) que intervienen como trascendentales elementos moduladores de la victimogénesis.

4.EL NIÑO MALTRATADO

Por víctima ideal se entiende aquella que en nada contribuye a su victimización. Es aquella totalmente inocente, “víctima” en el más amplio sentido del término. Las víctimas del terrorismo, también, pero no hay víctima más propicia que el niño. Es la víctima ideal por excelencia. Es el recién nacido que es abandonado en la calle, el que una vez asesinado es ocultado en una bolsa de basura, el niño violentamente agredido o (aún con más frecuencia e impunidad) aquel sutilmente violentado ya sea psicológica o físicamente (síndrome del bebé sacudido o “shaking Syndrome”; Münchausen por poderes; neonaticidio e infanticidio, etc.).

El maltrato infantil ha existido desde los tiempos más antiguos y en todas las culturas, pero no es hasta hace pocos años cuando las sevicias a los niños y el problema del abuso infantil ha saltado a la luz pública adquiriendo el carácter de problema social y generando el interés de las ciencias humanas, la medicina, la psicología, el derecho y lógicamente la criminología.

Si bien podemos afirmar que nunca el niño ha sido objeto de una protección más firme que la actual y que el tema del abuso infantil está de moda, hace apenas unos pocos años, las cosas eran bien diferentes.

Es en la familia propia donde el niño puede comenzar a sufrir malos tratos, enredado en una situación en la que sus padres están también atrapados. La situación familiar deteriorada se puede concretar en problemas sociales, económicos, laborales afectivos que repercuten en el trato al menor. Son, por tanto, las víctimas de los hogares maltrechos, particularmente vulnerables a la explotación a través del abuso de drogas, la explotación sexual y de otro tipo, la institucionalización y la separación de su medio natural.

La O.N.U. proclamaba en 1959 en la “Declaración Universal de los Derechos del Niño” , firmada por todos los países miembros, sin oposición, “se establecen normas jurídicas universales sobre la protección del niño contra abandono, los malos tratos y la explotación y se consagra el respeto de sus derechos humanos básicos, entre ellos la supervivencia, el desarrollo y la plena participación en actividades sociales, culturales, educacionales y otras que son necesarias para su crecimiento y bienestar individual”.

5.LA VÍCTIMA CULPABLE

Cuesta trabajo decir y que se acepte que toda víctima de un delito, no es necesariamente inocente. Hay una idea estereotipada de la víctima. En muchas ocasiones, la víctima colabora activa

o pasivamente, consciente o inconscientemente, dolosa o culposamente en su propia victimización. Por ello hay que superar los esquemas tradicionales entre autor del delito (activo y malo) y la víctima (pasiva y buena) (Peris, 1988).

Algunas, están inmersas en una relación continua de tipo sadomasoquista. A estos comportamientos desarrollan una agresividad creciente y cuando un cierto límite de intensidad es sobrepasado, resulta una agresión seria o incluso la muerte de un miembro del grupo. El azar determina quién resultará víctima y cuál será el criminal. (Marcó del Pont, 1986).

6.LA VÍCTIMA DE RIESGO

No cabe duda de que parecen existir sujetos proclives a sufrir complicaciones en la vida, que tienen mala suerte. Pero, al igual que ocurre con el criminal, la víctima no se deja caracterizar por ninguna constelación de rasgos de personalidad, marcadores biológicos o factores sociales. Cualquiera puede delinquir; cualquiera puede ser víctima.

En los delitos violentos, el débil es la presa fácil preferida por el depredador. Los factores biológicos como la raza, la edad, el sexo, la discapacidad tienen una importancia trascendental en este campo.

Feldman (1977) ha concluido que la agresión se reduce ante la presencia de un oponente que se percibe con alta capacidad de venganza y en disposición de utilizarla.

Existen otros factores de peligro en la victimización violenta, como los socioeconómicos (marginación, pobreza) y algunos rasgos de personalidad (afán de notoriedad, paranoidismo).

7.LA VÍCTIMA PROVOCADORA

La víctima provocadora, es aquella que consciente o inconscientemente incita, excita, irrita, induce o estimula al agresor.

La provocación pasiva o negligente estimula las motivaciones latentes del criminal, favoreciendo su paso al acto.

También se habla de la víctima facilitante, (GarcíaPablos, 1988), facilitating victimcuando el sujeto no toma las cautelas razonables propias de la prudencia, lo que es aprovechado por un tercero ya decidido a delinquir o generar una decisión delictiva antes inexistente. Y la víctima invitante Inviting victimes la que asume conscientemente riesgos de criminalización innecesarios. Por tanto, la diferencia entre ambos estriba en el grado de conciencia respecto a la situación de riesgo que se asume.

La provocación activa (consciente o inconsciente), se da en víctimas instigadoras que con su actitud, sus gestos o su conducta generan o precipitan respuestas delictivas en el victimario que llega a perder su sangre fría o se ve impulsado a defenderse. Puede existir un deseo consciente o inconsciente de ser victimizado con el fin de obtener alguna ganancia (librarse de una obligación, obtener una baja laboral , indemnización o simplemente acaparar la atención de los demás) o bien poner astutamente al victimario en una situación de pérdida de control con la finalidad de criminizarle.

Estas formas de victimización, frecuentes en lesiones, homicidio y delitos sexuales, etc., pueden conducir a la aplicación de circunstancias eximentes y atenuantes como el estado pasional, la legítima defensa o incluso el trastorno mental transitorio. Pero, en todo caso, por ser la vivencia de provocación un elemento perceptivo complejo y subjetivo, requiere el estudio de los factores biográficos, situacionales y dimensionales de la personalidad del agente así como su psicopatología. Por ejemplo, una actitud desafiante puede tener consecuencias perniciosas en un sujeto con trastorno del control de impulsos o paranoide.

Una variedad de provocación consciente y voluntaria se da en las víctimas –roganteso –solicitantes(Neuman,1984) también llamadas –autovíctimas. El elemento esencial de este tipo victimal es el consentimiento. Puede verse en algunos homicidios deseados, auxilio al suicidio, mutilaciones o aborto.

Estos tipos de victimización son tenidos claramente en cuenta en el proyecto de nuevo Código Penal que, por ejemplo, contempla un tipo privilegiado o atenuado de homicidio (cooperación al suicidio) y en el artículo 149.9 del Proyecto, castiga con penas atenuadas al que causare o cooperare activamente con otros necesarios a la muerte de otro, por la petición expresa y seria de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave...

Mendelson (1973) incluye la víctima simuladora que acusa mediante falsedad o engaño al supuesto infractor y la victimización imaginaria que se da en sujetos pleitistas, reivindicadores, paranoides, delirantes, histriónicos y mitómanos (Neuman, 1984).

Pero también los profesionales son victimizados indirectamente. Raphael Bluglass, (1990) ha señalado que a la rabia, una emoción natural que sigue a una pérdida, que es fácilmente dirigida contra el presumible perpetrador involucrado en un acto criminal, pero de igual modo, a los responsables de servicios y autoridades que pueden convertirse fácilmente en chivos expiatorios.

8.LA VICTIMIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

La primariedad y secundariedad de la victimización dependen de la fuente victimizante. La ofensa desencadenada por el propio hecho delictivo conduce a una victimización primaria. La víctima secundaria nace fundamentalmente de la necesaria intersección entre un sujeto y el complejo aparato jurídicopenal del Estado pero también por el mal funcionamiento de otros servicios sociales.

No extraña que muchas víctimas prefieran no denunciar un hecho o que una vez presentada la denuncia y ya inmersos en el entramado jurídicopenal, se arrepienta de ello.

La persona que ha sufrido y ha sido víctima de un delito, enfrenta un trauma de dolor y sufrimiento, pues generalmente el delito siempre implica violencia y maltrato, que puede provocar daños colaterales en aspectos físicos, psicológicos y comportamiento psicosocial que afecta a su entorno debido al quebrantamiento de las reglas y normas establecidas por las leyes. Además del sufrimiento y la violencia, la víctima luego de ese momento, tendrá que convivir – en algunos casos de modo muy cruel – con los daños colaterales de ese anónimo “quiebre de reglas”.

Shapland (1985) se ha interesado por todos aquellos elementos que molestan a las víctimas de un delito y el concepto que en las víctimas tienen de la Administración. Habiendo realizado varios trabajos estadísticos, en los que pueden destacarse las siguientes consideraciones:

  1. La policía. Los miembros de la policía son vistos como seres insensibles sólo preocupados por el aspecto burocrático. Proporcionan escasa información a la víctima y aún estando la misma llorosa, prefieren no esperar al día siguiente para tomar declaración o ver fotografías en la comisaría.
  2. Los médicos. En ellos predomina la búsqueda de la evidencia (tomar muestras, por ejemplo) sobre el tratamiento.
  3. La interacción de la víctima con el forense suele apreciarse como desagradable, especialmente en delitos sexuales.
  4. El juzgado, según Shapland, proporciona la mayoría las experiencias más molestas. Nadie tiene tiempo para charlar. Las largas esperas; policías, funcionarios, etc., proporcionan una imagen lamentable de la Administración de Justicia.
  5. Los letrados de la defensa. Muchas veces, la víctima está desprotegida y no sabe qué hacer. Algunos letrados más preocupados por el negocio prestan escaso interés al caso.
  6. Los fiscales son los funcionarios peor conceptualizados: mal informados, ausentes, distantes y despreocupados absolutamente sobre la ayuda y compensación a las víctimas a las que ven de cerca por primera y única vez en la sala de juicios.

Además de todo ello, la víctima va a tener que soportar durante meses o años la incertidumbre de un proceso penal que nunca parece concluir.

Por último, soportará en el juicio oral la reviviscencia de los hechos, las preguntas y afirmaciones en descrédito evacuadas por la parte contraria y en ocasiones el no ser ni tan siquiera creído.

9. LA VICTIMIZACIÓN COMPLICADA

Al hecho delictivo pueden seguirle complicaciones que trastoquen por completo el plan de vida, que generen infinidad de problemas no sólo psicológicos y sociales sino que incluso, al final de la cadena terminen con la vida de la persona primariamente agraviada. Por ejemplo, en la mujer que es violada y desarrolla un embarazo o una infección por virus del SIDA, o que se ve impulsada a la prostitución, o termina con la ruptura de su propio matrimonio, o en el accidente de circulación en el que el conductor, además de sufrir daños directos, sufrirá la culpa del fallecimiento de otras personas, incluso su cónyuge e hijos con ocasión del hecho.

A veces la cadena causal es tan rica que aboca a la víctima a un estado lamentable de victimización sin fin.

10 .VICTIMIZACIÓN DEL VICTIMARIO

Se refiere al daño que el aparato represivo del Estado infringe al supuesto autor del delito, a veces también víctima. Si bien ha mejorado, sobre todo en países democráticos el tratamiento dado al supuesto victimario, los derechos fundamentales de las personas siguen siendo violados. La toma de contacto con la deshumanizada Administración de Justicia es considerada como una experiencia lamentable. Por otra parte, los efectos de la prisionización, monótona medida de la que sólo parece disponerse y la falacia de la resignación social hacen que la culpa, con frecuencia, no se termine de pagar nunca.

11.EL SÍNDROME DE MALTRATO A LA MUJER (SIMAM)

Recientemente se ha definido la victimización dentro de la violencia intrafamiliar, como el “síndrome de agresión a la mujer” (SAM) (Lorente, 1998) refiriéndose a las “agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre, y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: Maltrato en el medio familiar, agresión sexual en la vida en sociedad y acoso en el medio laboral”.

El síndrome queda definido como un hecho general caracterizado por la realización de una serie de conductas agresivas hacia la mujer en las que la violencia se desarrolla bajo unas especiales circunstancias, persiguiendo un determinado objetivo y motivado por una serie de factores comunes.

SÍNDROME DE MALTRATO A LA MUJER

El síndrome de maltrato a la mujer (SIMAM) viene definido, pues, por un cuadro lesional resultante de la interacción de los tres elementos que intervienen en las lesiones: el agresor, la víctima y las circunstancias del momento o contexto.

SÍNDROME DE LA MUJER VIOLADA

Este síndrome (SMV) fue descrito en 1974, por Burgess y Holmstrom, describiendo los signos y síntomas que experimenta una mujer violada. Su vida se ve totalmente afectada por la experiencia, con alteraciones de la conducta, miedo a estar sola, ansiedad, irritabilidad. Aumento de pensamientos intrínsecos sobre el suceso con rabia, furor y autoinculpación. Cambio de residencia. La sintomatología dura más de un año. En 80 pacientes sólo un tercio se recuperó al año y un 25% no se había recuperado a los 4 años. (Burgess 1974).

EL VICTIMADOR EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El agresor es alguien que mantiene o ha mantenido una relación afectiva de pareja con la víctima. No presenta rasgos específicos, ni típicos en la personalidad, salvo el haber sido testigo o víctima de violencia por parte de los padres durante la infancia o adolescencia. Muchos hombres maltratan a la mujer simplemente con el único fin de conseguir otros objetivos, para forzar a la otra persona a “hacer algo”. (Hoatling, 1989) (Sonkin y Dunphy, 1982).

12.VÍCTIMA Y POLÍTICA SOCIAL

  1. La víctima no reclama una compasión sino respeto a sus derechos. La efectiva resocialización de la víctima exige una intervención positiva de los particulares y de los poderes políticos dirigida a satisfacer solidariamente las necesidades y expectativas reales de aquéllas.
  2. La víctima sufre a menudo un severo impacto psicológico aparte del daño material o físico.
  3. La sociedad por otra parte estigmatiza a la víctima. La victimización produce aislamiento social y marginación.
  4. La actuación de las instancias del control penal formal multiplica y agrava el mal que ocasiona el delito, la víctima se siente maltratada y despreciada por ellas.

13.VÍCTIMA Y SISTEMA LEGAL

Todos conocemos que los delitos denunciados son los únicos que se persiguen por tanto la víctima es importante en la marcha del sistema legal.

La víctima es un testigo de excepción cuyas vivencias y percepciones sobre la actuación de los diversos agentes del sistema en sus diversas fases aportan una información valiosa para el mejor funcionamiento del control social penal.

Factores que contribuyen a que la víctima no denuncie el delito:

  1. Impacto psicológico que el propio delito causa a la víctima, temor, abatimiento.
  2. Sentimientos de impotencia o indefensión personal que experimentan la víctima unido al de desconfianza hacia terceros, la víctima cree en la inutilidad y en la ineficacia del sistema legal.
  3. Propósito justificado de evitar los posteriores perjuicios adicionales para el denunciante (victimización secundaria), porque la investigación y el proceso judicial deparan molestias tanto en el ámbito material como anímico.

Para conseguir niveles más satisfactorios de colaboración de la víctima con el sistema legal hay que incidir o neutralizar los factores relevantes en su proceso de motivación y paralelo a ello es necesario mejorar también los recursos o infraestructura del sistema.

Existen dos vertientes fundamentales de investigaciones criminológicas con relación a la víctima en su paso por las distintas fases del proceso:

  1. La víctima suele estimar satisfactorio su encuentro inicial con la policía exhibiendo una actitud positiva pero después, cuando esta etapa finaliza, la actitud hacia la policía se deteriora porque no hay una buena comunicación y se frustran las expectativas de la víctima.
  2. La víctima se siente maltratada por el sistema legal, considera que no recibe el mismo trato, no se le informa adecuadamente.
  3. Las características y actitudes de la víctima influyen en las decisiones del sistema jurídico penal de modo o directo o indirecto ya que existe proceso de interacción juezvíctima.

14.SUSTENTO JURÍDICO

14.1.CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Ley No. 1970 – LEY DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Promulgado el 25 de marzo de 1999

Esta Ley, dedica gran parte de sus artículos a la protección y garantías de las víctimas; a continuación, presentamos sólo los artículos más vinculados al tema que nos ocupa; sin perjuicio de aclarar que la Ley tiene estructurado debidamente la jurisprudencia orientada a la víctima y que merece ser revisado de manera directa.

Art. 11.(GARANTÍAS DE LA VÍCTIMA). La víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla.

Art. 12.(IGUALDAD). Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que les asisten.

Art. 14.(ACCIONES). De la comisión de todo delito nacen: la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes. La acción penal será pública o privada.

Art. 16.(ACCIÓN PENAL PÚBLICA). La acción penal pública será ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que este Código reconoce a la víctima.

La acción penal pública será ejercida a instancia de parte sólo en aquellos casos pre vistos expresamente en este Código. El ejercicio de la acción penal pública no se podrá suspender, interrumpir ni hacer ce sar, salvo en los casos expresamente previstos por la Ley.

Art. 17.(ACCIÓN PENAL PÚBLICA A INSTANCIA DE PARTE). Cuando el ejercicio de la acción penal pública requiera de instancia de parte, la Fiscalía la ejercerá una vez que ella se produzca, sin perjuicio de realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten al interés de la víctima. Se entenderá que la instancia se ha producido cuando se formule la denuncia del hecho.

El fiscal la ejercerá directamente cuando el delito se haya cometido contra:

1) Una persona menor de la pubertad; 2) Un menor o incapaz que no tenga representación legal; o, 3) Un menor o incapaz por uno o ambos padres, el representante legal o el encargado

de su custodia, cualquiera sea el grado de su participación.

La instancia de parte permitirá procesar al autor y a todos los partícipes sin limitación alguna.

Art. 18.(ACCIÓN PENAL PRIVADA). La acción penal privada será ejercida exclusivamente por la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este Código. En este procedimiento especial no será parte la Fiscalía.

Art. 19.(DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA A INSTANCIA DE PARTE). Son delitos de acción pública a instancia de parte: el abandono de familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de la mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro, rapto impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores y proxenetismo.

Art. 20.(DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA). Son delitos de acción privada: el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión y daño simple. Los demás delitos son de acción pública.

Art. 21.(OBLIGATORIEDAD). La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos:

1) Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico protegido; 2) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse; 3) Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde, ca

rece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito; 4) Cuando sea previsible el perdón judicial; y, 5) Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de

otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada.

Art. 76.(VÍCTIMA). Se considera víctima:

  1. A las personas directamente ofendidas por el delito;
  2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido;
  3. A las personas jurídicas en los delitos que les afecten; y,
  4. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses.

Art. 78.(QUERELLANTE). La víctima podrá promover la acción penal mediante querella, sea en los casos de acción pública o privada, según los procedimientos establecidos en este Código. Los menores de edad y los interdictos declarados, podrán formular querella por medio de sus representantes legales. En caso de incapacidad temporal de la víctima, sus derechos podrán ser ejercidos por sus familiares según las reglas de la representación sin mandato. Las personas jurídicas podrán querellarse a través de sus representantes.

Art. 82.(DEBER DE ATESTIGUAR). La intervención de una persona como querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso.

Art. 284.(DENUNCIA). Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Nacional. En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante el Subprefecto o Corregidor, los que deberán ponerla en conocimiento del fiscal más próximo, en el término de veinticuatro horas.

Art. 285.(FORMA Y CONTENIDO). La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal. Cuando sea verbal se hará constar en acta firmada por el denunciante y el funcionario que la reciba comprobará y dejará constancia de la identidad y domicilio

del denunciante; a pedido del denunciante, estos datos podrán mantenerse en re serva que podrá ser levantada a efectos de hacerse efectiva su responsabilidad por denuncia falsa o temeraria. En todos los casos se le entregará una copia del original. La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho, con indi cación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás elemen tos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación.

Art. 288.(DENUNCIA ANTE LA POLICÍA). Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta informará dentro de las veinticuatro horas al fiscal y comenzará la investigación preventiva conforme a lo dispuesto en la Sección III de este Capítulo.

Art. 289.(DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA). El fiscal, al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá la investigación conforme a las normas de este Código, requiriendo el auxilio de la Policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. En todos los casos informará al juez de la instrucción, el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro horas.

Art. 290.(QUERELLA). La querella se presentará por escrito, ante el fiscal, y contendrá:

1) El nombre y apellido del querellante;

2) Su domicilio real y procesal;

3) En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal;

4) La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos;

5) El detalle de los datos o elementos de prueba; y,

6) La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra.

El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de la querella, la misma que será puesta en conocimiento del imputado.

Art. 293.(DILIGENCIAS PRELIMINARES). Los funcionarios y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera intervención a la Fiscalía. Bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos.

Art. 389.(MENORES IMPUTABLES). Cuando un mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, sea imputado de la comisión de un delito, en la investigación y juzgamiento se procederá con arreglo a las normas ordinarias de este Código, con excepción de las establecidas a continuación:

1) La Fiscalía actuará a través de fiscales especializados, o en su defecto el fiscal será asistido por profesionales expertos en minoridad;

2) Cuando proceda la detención preventiva de un menor de dieciocho años, ésta se cumplirá en un establecimiento especial o en una sección especial dentro de los establecimientos comunes;

3) El juez o tribunal podrá disponer de manera fundamentada la reserva del juicio cuando considere que la publicidad pueda perjudicar el interés del menor; 4) Los padres o quienes lo hayan tenido a su cuidado, guarda o tutela, podrán asistir al juicio y participar en la defensa del imputado; y 5) El juez o tribunal será asistido en el desarrollo del debate por un perito especializado en minoridad.

14.2.LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO (LOMP)

Nº. 2175, de 13 de febrero de 2001

Art. 3.FINALIDAD. El Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la Sociedad, representándolos conforme a lo establecido en la Constitución y en las Leyes de la República. El Ministerio Público en el cumplimiento de su función, goza de independencia funcional.

Art. 6.OBLIGATORIEDAD. El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión. El condicionamiento de la acción penal pública a instancia de parte, no impedirá al Ministerio Público realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten el interés de la víctima. La acción penal pública no se puede suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por Ley.

Art. 7.SOLUCIÓN DEL CONFLICTO. El Ministerio Público buscará prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y demás alternativas previstas en el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten gravemente el interés público.

Art. 9.CONFIDENCIALIDAD. El Ministerio Público cuidará que la información que deba proporcionar no lesione el honor ni los derechos de la personalidad de las partes establecidos en la Constitución Política del Estado y en el Código Civil, ni ponga en peligro investigaciones que se realicen ni atente contra la reserva que sobre las mismas se haya dispuesto de conformidad a lo previsto en los artículos 116° y 281° del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970. En ningún caso el Ministerio Público podrá revelar la identidad ni permitir la difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes. Los órganos de investigación del Ministerio Público están impedidos de proporcionar información sobre las investigaciones en curso.

Art. 15.PROTECCIÓN. El Ministerio Público protegerá a las personas, que por colaborar con la administración de justicia, corran peligro de sufrir algún daño. Esta protección se brindará en especial, cuando se trate de delitos vinculados a la criminalidad organizada, al abuso de poder, a la violación de derechos humanos. A tal efecto, dispondrá de un programa permanente de protección a testigos, víctimas y a sus propios funcionarios.

Art. 68.RESPETO A LA VÍCTIMA. El Ministerio Público atenderá los intereses de la víctima y le informará acerca del resultado de las investigaciones. La víctima será tratada con el cuidado, respeto y consideración que merece quien ha sufrido una ofensa. La víctima podrá solicitar al fiscal jerárquico el reemplazo del fiscal encargado de la investigación, cuando considere que no ejerce correctamente sus funciones. La resolución del fiscal jerárquico será fundamentada y resuelta dentro del plazo perentorio de cinco días, bajo responsabilidad.

Art. 69.PROCESOS CONTRA ADOLESCENTES. En las investigaciones y procesos penales con adolescentes imputables y en los procesos para establecer responsabilidad social previstos en el Código del Niño, Niña y Adolescente, el Ministerio Público actuará con fiscales especializados y cuidará que: El desarrollo del proceso penal, no cause mayores daños al adolescente; Los medios de comunicación social no difundan los nombres ni imágenes de los imputados. La pena sea adecuada a los fines de resocialización. Las medidas socioeducativas no adquieran las características de sanciones penales.

Art. 70.INFORME PSICOSOCIAL. En las investigaciones respecto a adolescentes imputables, el Ministerio Público solicitará un informe psicosocial a la defensoría de la niñez y adolescencia y tomará en cuenta su contenido antes de emitir su requerimiento conclusivo. Se deberá adjuntar al requerimiento una copia del informe.

14.3.Ley de protección a víctimas de delitos contra la libertad sexual

Ley Nº 2033, de 29 de octubre de 1999

Art. 16.(Investigación).El Ministerio Público tendrá la responsabilidad de crear, en coordinación con la Policía Nacional, equipos interdisciplinarios que colaboren en la investigación de las denuncias de delitos contra la libertad sexual.

14.4.Ley contra la violencia en la familia o doméstica

Ley Nº 1674, de 15 de diciembre de 1995

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Art. 3.(Prevención).Constituye estrategia nacional la erradicación de la violencia en la familia.

El Estado a través de sus instituciones especializadas y en coordinación con las asociaciones civiles e instituciones privadas relacionadas con la materia:

  • Coordinará acciones conjuntas de los servicios de salud con los servicios legales integrales para brindar una adecuada atención a las víctimas de violencia en la familia.

  • Capacitará y creará conciencia en el personal de administración de justicia, policía y demás funcionarios encargados de la aplicación de la presente ley, sobre las medidas de prevención, sanción y eliminación de la violencia en la familia.

  • Promoverá el establecimiento de hogares temporales de refugio para víctimas de violencia y  la creación de instituciones para el tratamiento de los agresores.

  • Incentivará la formación de consultorios psicológicos para el diagnóstico y terapia de víctimas de violencia.

CAPÍTULO VI

Procedimiento

Art. 37. (Certificados Médicos).Se admitirá como prueba documental cualquier certificado médico expedido por profesional que trabaje en instituciones públicas de salud.

Art. 38. (Medidas para mejor proveer).De acuerdo a las circunstancias de la causa, el juez podrá ordenar pericia psicológica del denunciado y de los miembros de la familia involucrados en los hechos de violencia. El informe pericial deberá ser presentado al juez en un plano no mayor a siete días hábiles. Transcurrido este plazo, con o sin el informe pericial, el juez pronunciará resolución.

14.5.Reglamento a la Ley 1674.

Ley contra la violencia en la familia o doméstica D.S. Nº 25087, de 6 de julio de 1998

Art. 9.(Medidas de protección).Las medidas de protección inmediatas a ser adoptadas por el fiscal, que pueden ser homologadas o modificadas por el juez a tiempo de dictar las medidas cautelares, son las siguientes:

I. a) Retiro del agresor del domicilio b) Impedir el acoso a la víctima c) Suspensión temporal de visitas por parte del agresor d) Inventario sobre bienes muebles e inmuebles e) Secuestro y retiro de armas con las que se amenazó o pudieran ser peligrosas

para la víctima f) Libre acceso al lugar donde se haya perpetrado la violencia

Esta enumeración no es limitativa, pudiendo el fiscal disponer aquellas que creyera convenientes.

“ El Ministerio Público debe tomar medidas para impedir el acoso de la persona agredida y de sus testigos.

i. Las medidas provisionales podrán ser homologadas por el Juez de Partido de Familia en caso de divorcio, o por el Juez de Instrucción de Familia en demandas de asistencia familiar o tenencia de hijos.

ii. Si la seguridad de la víctima o de su familia requiere una decisión jurisdiccional, solicitará las medidas cautelares pertinentes al juez competente, las que se tramitarán como medidas anticipadas, fuera de proceso.

iii. El Fiscal de Familia debe poner en conocimiento del juez competente las medidas de protección, adoptadas de emergencia.

iv. Las prefecturas y municipios contarán con lugares temporales para la atención y apoyo a mujeres maltratadas, en los que las víctimas serán acogidas, lo mismo que a similares servicios ofrecidos por la sociedad civil.

Art. 16.(Certificados Médicos).Los certificados médicos, a que refiere el artículo 37 de la Ley 1674, serán expedidos por los profesionales médicos (médicos, odontólogos, bioquímicos). Los auxiliares de salud o paramédicos, que atiendan a las víctimas en centros de salud urbanos, periurbanos o rurales, donde no existan médicos, otorgarán un informe debidamente firmado, en el que conste los datos sufridos por la víctima que tendrá pleno valor probatorio en los procesos judiciales.

 

 

Para citar el capitulo:

Nuñez de Arco, J. "La Victima"(2004) Ed. Proyecto Sucre Ciudad Universitaria. Sucre Bolivia, 33-51